:: Tribunal Electoral de Tabasco ::

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO, ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO ESTATAL DEL IEPCT EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NÚMERO PES/029/2023.

En el recurso de apelación número TET-AP-05/2024-II y su acumulado TET-AP-07/2024-II, el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, aprobó por unanimidad de votos, confirmar la resolución dictada por el Consejo Estatal del IEPCT en el Procedimiento Especial Sancionador número PES/029/2023, mediante el cual se declaró la inexistencia de los actos anticipados de campaña y la omisión en el deber de cuidado atribuidos a la ciudadana Lorena Beaurregard De los Santos y al Partido Acción Nacional.

En primer lugar, fueron acumulados los juicios ante la existencia de identidad en el acto impugnado y en la autoridad responsable, por lo que concurrió conexidad en la causa; de ahí que acumulara el recurso de apelación TET-AP-07/2024-II al diverso TET-AP-05/2024-II por haber sido éste el que se recibió primero en este órgano jurisdiccional.

Ahora bien, en el recurso de apelación TET-AP-05/2024-II, el partido apelante refirió que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada, vulnerando lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque si bien se tuvieron por acreditados los elementos personal y temporal de los actos anticipados de campaña, resultó indebido que no dieran por acreditado el elemento subjetivo, porque en la propaganda denunciada sí existe una exposición de una plataforma electoral; además, fue alegado que si bien en la fecha de la transmisión del video denunciado aún no se registraba formalmente la plataforma electoral, ello no era óbice de que existiera un fraude a la ley, pues las propuestas realizadas en el promocional denunciado son las mismas que reproduce el Partido Acción Nacional en su plataforma electoral.

Al respecto, el Pleno de este Tribunal declaró el agravio infundado porque contrario a lo sostenido por el partido actor la resolución impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la responsable apoyó sus consideraciones en los principios jurídicos y preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto; de igual forma invocó jurisprudencias y criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionados con actos anticipados de campaña, propaganda electoral y el deber de vigilancia que tienen los partidos políticos ante las conductas que despliegue su militancia, simpatizantes, aspirantes, precandidaturas y candidaturas, así como las infracciones de las que pueden ser objeto con motivo de vulnerar la normativa electoral.

De igual forma, la resolución controvertida también se encuentra debidamente motivada, pues acorde a las pruebas aportadas por las partes y las recabadas por la responsable conforme a su facultad investigadora determinó tener por no acreditada la existencia de actos anticipados de campaña, ni la vulneración a la normatividad en materia de propaganda electoral atribuidos a Lorena Beaurregard De los Santos, ni la omisión en el deber de cuidado o de vigilancia de la militancia del Partido Acción Nacional.

Lo anterior, porque del contenido al promocional denunciado si bien se tuvieron por acreditados dos de los tres elementos que ha establecido a través de diversos precedentes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el elemento personal y temporal, el elemento subjetivo no se acreditó ya que en el video denunciado no se advirtió un llamamiento al voto ni algún equivalente funcional que implicara generar algún apoyo en favor de la precandidata como candidata del Partido Acción Nacional, o que existiera rechazo hacia una opción electoral distinta a los denunciados, lo que se considera que fue acertado por parte de la responsable.

En efecto, este órgano jurisdiccional consideró que no se acreditó el elemento subjetivo, pues del análisis al contenido de la propaganda denunciada no es posible advertir ninguna expresión objetiva, manifiesta, abierta, inequívoca y sin ambigüedades donde se solicite el apoyo en favor o en contra de una opción electoral; tampoco tiene por objeto llamar al voto en favor o en contra de una persona o partido político; no se realiza la exposición de alguna plataforma electoral ni mucho menos genera un posicionamiento indebido frente al resto de las personas aspirantes de otros partidos políticos, que pudiera influir en las preferencias de la ciudadanía y generar inequidad en la contienda electoral; ya que de las frases emitidas de ningún modo se advierte explícita o implícitamente algún mensaje de apoyo a Lorena Beaurregard De los Santos o al Partido Acción Nacional en relación con el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024; o que busque presentarlo ante la ciudadanía o vincularlo con alguna plataforma electoral, sino que se tratan de expresiones relacionadas con temas de interés público y general que se encuentran ampliamente tutelados por el derecho a la libertad de expresión, tutelado en el artículo 6 de la Constitución Federal; de ahí que se proponga declarar infundado el agravio.

Por otro lado, en el recurso de apelación TET-AP-07/2024-II, la actora refiere que se le debe imponer una sanción proporcional y ejemplar al partido MORENA por la frivolidad de la denuncia que presentó en su contra, en la que se declaró la inexistencia de los hechos denunciados, porque con dicho actuar obstaculiza el derecho que tiene como ciudadana para buscar la candidatura al Gobierno del Estado de Tabasco por el Partido Acción Nacional; además, indica que los argumentos esgrimidos durante la audiencia de pruebas y alegatos no se tomaron en cuenta en la resolución impugnada, por lo que se deben de reconsiderar sus planteamientos y decretar en su favor la pretensión respectiva.

El Pleno declaró infundado el planteamiento de la actora, toda vez que de la revisión al escrito de denuncia fue posible advertir los hechos denunciados, los presuntos supuestos normativos vulnerados y los medios probatorios que la parte quejosa estimó pertinentes, de ahí que se contara con elementos suficientes para que a partir de las diligencias realizadas por la autoridad investigadora se determinara la existencia o no de la propaganda que presuntamente contravenía la normativa electoral, razón suficiente para que la responsable admitiera a trámite la denuncia, y, en la resolución impugnada desestimara la causal de improcedencia invocada al considerar que ésta no resultaba frívola, analizando el fondo de los hechos denunciados de lo que no se pudo acreditar la infracción denunciada.

En ese sentido, se estimó que la actora parte de una premisa errónea al referir que sólo por el hecho de interponer una denuncia por presuntos actos contrarios a la normativa electoral y que éstos no se acrediten, se deba sancionar a la parte denunciante por frivolidad en la instauración de la misma; ello, porque basta que para la instauración de una queja cualquier persona o partido político estime la posibilidad de que los hechos denunciados resulten ciertos, lo que deberá demostrar a través de las probanzas que aporte.

Aunado a ello, se consideró que la denuncia incoada en su contra de ninguna manera le obstaculiza su derecho a participar en el proceso interno de selección a la candidatura a la Gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, en el actual proceso electoral local ordinario; pues precisamente por tal circunstancia, es que pudiera incurrir en infracciones a la normativa electoral.

Finalmente, también se declaró infundado lo relativo a que las manifestaciones realizadas en la audiencia de pruebas y alegatos no fueron tomadas en cuenta por la responsable en la resolución impugnada, ello, porque en la resolución impugnada esta evidenciado que la autoridad electoral sí se pronunció sobre los cuestionamientos formulados por la recurrente en su escrito de contestación y lo alegado en la audiencia, pues al analizar las causales de improcedencia en la resolución impugnada, se atendieron los planteamientos hechos valer por el representante de la actora en vía de alegatos, indicándole que no resultaba procedente su solicitud de desechamiento de la denuncia que hizo valer en su escrito de contestación y en la audiencia de ley, lo que originó resolver de fondo la controversia.

En el recurso de apelación número TET-AP-06/2024-I, el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, aprobó por unanimidad de votos, confirmar la resolución dictada por el Consejo Estatal del IEPCT en el Procedimiento Especial Sancionador número PES/001/2024, mediante el cual se declaró la inexistencia de los actos anticipados de campaña atribuidos a la ciudadana María Inés De la Fuente Dagdug, en su calidad de precandidata a la gubernatura del Estado de Tabasco por el Partido Movimiento Ciudadano, así como inexistente la omisión del deber de cuidado o de vigilancia de su militancia del referido ente político.

La actora se agravia que la autoridad responsable no fue exhaustiva, ni motivó adecuadamente la resolución; de ahí, que determinara la inexistencia de la conducta denunciada.

Inconformidades que el Pleno acordó declarar infundadas e inoperantes, toda vez que contrario a lo aducido por la actora, la autoridad responsable motivó adecuadamente su resolución, porque al examinar el contenido del spot a la luz de las manifestaciones del denunciante, el órgano administrativo electoral abordó con precisión los temas de los cuales se adolece, expresando con claridad las razones y motivos que la llevaron a considerar que no se configuran las infracciones.

Aunado a lo que antecede, contrario a lo que asevera la apelante, la ciudadana María Inés De la Fuente Dagdug no se ostentó como precandidata única de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado, pues también la ciudadana Violeta Caballero Potenciano, obtuvo la calidad de precandidata, lo que quedó debidamente expuesto en la resolución impugnada.

Por lo anterior, el Pleno considera que no se acreditó la infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuidos a María Inés De la Fuente Dagdug y menos aún, la culpa in vigilando u omisión en el deber de cuidado que se le imputó al partido Movimiento Ciudadano; así como también, resultó inexistente la falta de exhaustividad atribuida a la responsable, por lo que hace a la motivación de la resolución impugnada.